La compra de medicamentos fue requerida por el Ministerio de
Salud, el IGSS y el Ministerio de la Defensa.
Por: Ronald Mendoza
Entre reparos por discrecionalidades, “vulneración
de principios constitucionales de interés público, de certeza jurídica,
legalidad y debido proceso administrativo”, el Ministerio de Finanzas Públicas
(Minfin) concluyó el pasado miércoles el Concurso Nacional de Oferta de Precios
DNCAE 7-2011, mediante el cual adjudicó 14 contratos abiertos, con igual número de
empresas, para la compra de “productos medicinales y farmacéuticos…” por un
monto de Q105 millones.
De la adjudicación, Agencia Farmacéutica
Internacional S.A. fue la que alcanzó la mayor venta con Q75.5 millones
asignados, el 72% del monto total adjudicado durante el Concurso.
Le siguen por costos asignados, Xentury Global S.A.
con Q7.6 millones; Bodega Farmacéutica S.A., Q4.8 millones; Farmaproyectos,
S.A. Q4.3 millones; Norvanda Healthcare S.A., Q3.8 millones; además de otras 9
empresas.
Los reparos
El proceso inició desde 2011, pero fue en febrero de
2012 cuando la Junta de Calificación encargada del evento resolvió otorgar la
compra; así, y luego de revisar el expediente respectivo, el Minfin acordó improbar
lo actuado por la Junta al considerar que “dicho órgano actuó discrecionalmente
en la calificación de aspectos que en algunos casos fueron valorados y en otros
no…”, además que “sus decisiones no están debidamente apegadas a derecho”, se
lee en las resoluciones respectivas.
“Existen renglones no adjudicados y ofertas no
calificadas como subsiguientes, no obstante que dentro de estos renglones
existen ofertas a precios menores que el de referencia pero fueron no
adjudicados o descalificados por aspectos
subjetivos o discrecionales, no debidamente fundamentados, obviándose el
criterio de calificación del precio más bajo preceptuado en el
Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del
Estado”, añade la resolución número 39 del Ministerio de Finanzas.
Tras el reparo del Minfin, la Junta de Calificación
revisa lo señalado y concluye que todos los requisitos han sido cumplidos, por
lo que resuelve ratificar por unanimidad la adjudicación amparada, quedando en
consecuencia “incólumes los puntos vertidos en dichas actuaciones”, subraya.
Con todo lo anterior, en julio de 2012, Finanzas
concluye que es “oportuno aprobar, bajo la estricta responsabilidad de la junta
de calificación, la adjudicación del concurso DNCAE 7-2011”, aunque a través de
una excepción imprueba la compra de insumos en 29 renglones contenidos en dicho
concurso, donde estimó que no se respetaron “los supuestos legales ni se
cumplió con lo dispuesto en la resolución” donde se improbaba la adjudicación.
De esta cuenta, entre agosto y diciembre de 2012,
varias de las empresas seleccionadas para la entrega de los medicamentos,
interpusieron recursos de reposición alegando la adjudicación de los 29
renglones prescindidos.
Luego de resolver los amparos, 8 de las empresas
participantes lograron que se les concedieran 12 de los rubros que con
anterioridad habían sido excluidos de la concesión por aparentes anomalías.
Según Finanzas, “durante la dilación del
procedimiento tramitado con ocasión de la impugnación, pudo advertirse y
confirmarse la legalidad” de las acciones vertidas, por lo que se dieron con
lugar los amparos y se concesionaron las compras otrora suprimidas, con lo cual
17 rubros quedaron improbados pues continuaron las anomalías.
Los contratos otorgados tienen una vigencia de 18
meses contados a partir de agosto de 2012, según las bases.
Se precisan
garantías
Debe
anularse el proceso
Según Marvin Flores, de Acción Ciudadana (AC), tras
las anomalías alertadas en el proceso, “el Ministro de Finanzas o el
Viceministro Administrativo debieron anular el concurso y realizar uno nuevo,
pues ellos mismos, en sus resoluciones, reconocen que se violaron algunos
principios”, indica.
“Creo que por la integridad del proceso no puede
aprobarse la adjudicación con excepciones, especialmente cuando con antelación
todo lo actuado había sido improbado y mucho menos citar que bajo la estricta responsabilidad
de la junta de calificación, se aprueba la compra”, añade Flores.
En este sentido, la diputada Nineth Montenegro
añade que “en muchos casos esta modalidad se ha vuelto la vía para el monopolio
de determinadas empresas en la distribución de medicamentos al sistema público
de salud, todo en detrimento de las necesidades del Estado”.
“Acá lo que hay son intereses ajenos a los de la
población y compromisos incluso
electorales. El año pasado solicitamos a la Procuraduría General de la Nación
(PGN) que declarara lesivos los contratos abiertos, pero nada ha avanzado”,
apunta Montenegro, quien concluye que estas anomalías deben ser aclaradas.
Se llamó al Ministro de Finanzas, Pavel Centeno,
pero no contestó las llamadas a su celular.
