Por: Ronald Mendoza
Comida, dinero y materiales de construcción serían los principales
bienes de intercambio por el sufragio.
Con 7.3 millones de
empadronados y una asistencia a las urnas del 68.4% de los electores vigentes,
en la primera ronda de los comicios, las Elecciones Generales y al Parlamento
Centroamericano 2011 fueron aplaudidas por el alto grado de participación
ciudadana en las urnas, aunque de manera posterior se evidencia que al menos un
17% de los votantes habría vendido su voto, según un Estudio de Aproximación a
las Percepciones de la Ciudadanía Sobre la Compra de Votos y la Intimidación de
Votantes del National Democratic Institute (NDI), presentado recientemente, y
realizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Notre
Dame.
Así, este informe se basa en
las opiniones de una muestra de 1 mil 008 entrevistados, a quienes se les
expuso un instrumento de 24 preguntas bajo el formato de “experimento de
lista”, mismo que fue aplicado en los 22 departamentos del país entre el 1 y 7
de septiembre de 2011, refiere el estudio.
“En relación con la compra de
votos... los resultados muestran que mientras sólo el 4.4% de los encuestados
admite haber recibido un regalo o favor a cambio de su voto, más del 37.2%
reportó esta práctica en sus vecindarios, mientras el experimento de lista
estima que en realidad al menos un 17% de los entrevistados participó en esta
práctica”, detalla la investigación.
“Esta conclusión es posible
pues a través del “experimento de lista” se obtienen más respuestas verdaderas
pero socialmente indeseables que contestaciones socialmente aceptables pero no
verídicas, pues enfrentados al dilema ético de aceptar haber participado o no
de prácticas de compra de votos, los entrevistados tienden a reconocer poco la
incidencia de estos fenómenos cuando se les pregunta directo, pero más cuando
los refieren como hechos que conocen o ocurren en su comunidad”, agrega Carlos
Meléndez, de la Universidad de Notre Dame.
De esta cuenta, Eduardo
Núñez, director de NDI-Guatemala, destaca que “los electores intercambian su
preferencia electoral principalmente por comida, un 57%, la cual incluye
mención de pollos, cerdos, botellas de agua y bebidas carbonatadas; le sigue el
dinero y materiales de construcción, con un 30%, incluyendo láminas de zinc y
tubos de PVC; ropa, un 18%; bienes del hogar, 15%; muebles y electrodomésticos,
14%; herramientas y equipo, 10% y otros bienes, 5%”, subraya.
Sobre qué partido utilizaba
más la práctica de compra de votos, “los entrevistados refirieron con mayor
frecuencia a los partidos que más votación obtuvieron en las dos rondas
presidenciales y a los que más dinero invirtieron en la campaña electoral: El
entonces partido de Gobierno, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con un
62%; el Partido Patriota (PP), 37% y la agrupación Libertad Democrática
Renovada (Líder) con un 29%, mientras la opción Otros Partidos fue mencionada
un 23%”.
En este sentido, Julio
Solórzano, director electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE), expresó que
“es difícil saber cómo puede establecerse si un elector vendió efectivamente su
voto, pues hay una distancia entre lo afirmado y la certeza jurídica de que
este intercambio se efectúo”, dijo.
En tanto,
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, expresó: “Este estudio refleja que
nuestros partidos políticos carecen de liderazgo e institucionalidad, pues si
no poseyeran su caudal financiero para comprar votos o intimidar, no
existirían”.
Además, Javier
Brolo, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), destaca:
“Este estudio utiliza una metodología innovadora, que incluso puede llegar a
cuestionar la alta participación de los electores guatemaltecos, pues entonces
no sabemos si la asistencia a las urnas obedece a una voluntad ciudadana en
apoyo a la democracia o responde únicamente a una capacidad de los partidos
políticos para movilizar a la población de manera clientelar, lo que sería preocupante”,
puntualiza.
Intimidan
a electores
Otro dato que destaca del
estudio, es el referente a la intimidación de votantes, pues según los
resultados, “aproximadamente el 13% de la población fue blanco de la
intimidación electoral, estimación mucho más grande que el 3% producto de la
pregunta directa individual y similar al 16% estimado al preguntar sobre
intimidación en el vecindario”.
“El experimento refleja
además que al menos un 64% de los encuestados que votaron en 2007 y se
abstuvieron en 2011 sufrieron de intimidación electoral, con lo cual, este
patrón sugiere que la amenaza al votante fue utilizada como una herramienta
para prevenir la participación electoral, más que para obligar a votar por
alguien”, puntualiza el documento.
Por aparte, sobresale un alto
porcentaje de ciudadanos que “están en fuerte acuerdo para establecer cuotas en
el Congreso para mujeres e indígenas”, 81%; mientras un 87% ve necesario el
fortalecimiento de las capacidades del TSE, como parte de las reformas a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos, concluye el análisis.
