Por: Ronald Mendoza
Durante una conferencia de prensa celebrada el pasado lunes, el presidente de la república, Otto Pérez Molina, anunció que ordenó a los Ministros de Estado no asistir al Congreso de la República por citaciones o interpelaciones, declaraciones presidenciales que rayan en una apología del delito, pues por ley constitucional los Ministros están obligados a comparecer ante el Legislativo para interpelación o ante cualquier citación.
Salvando cualquier ambigüedad en el mensaje ¿Se constituirá esta manifestación del Mandatario en un error más de comunicación que de nuevo tendrá que salir a enmendar o será esta una abierta disposición a violentar los principios constitucionales republicanos de control institucional que rigen nuestro Gobierno?
Quizá el anuncio no sea en si un llamamiento a la violación a una disposición constitucional (otorgando el beneficio de la duda), pero está claro que al ser mal planteado, éste se asume como tal. Parece, al escuchar las declaraciones de Pérez, que lo que en esencia trató de transmitir fue su decisión de mandar a los Ministros a hacerse representar por los Viceministros ante cualquier apercibimiento del Legislativo y no precisamente a desatender los requerimientos del Congreso, lo cual es avalado por la Constitución Política de la República en su artículo 168, sin embargo, la idea central quedó vaga por la forma en que se enunció y dejó la brecha abierta para una ambigua interpretación.
Con todo, solo queda esperar las reacciones mediáticas y políticas de tan inoportuna declaración, la cual no solo deja mal posicionado al Presidente, sino también al partido en el Gobierno, mientras suma a la estrategia del grupo político en la oposición, el que, mal o bien, termina sacando provecho de este nuevo traspié (en la comunicación) de Otto Pérez Molina.
Ahora me pregunto ¿Terminará el Mandatario desdiciéndose una vez más?
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