El
ministro explicó que la acción se amparó en una orden judicial emanada de la
Jueza Primero de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente de Alta Verapaz, Úrsula Magnolia Cristina Teyul Yat, quien ordenó el 7
de febrero el desalojo de las personas que ocupaban las ubicadas en el
municipio de Panzós, Alta Verapaz.
Como
antecedente informó que el 7 de febrero, la jueza fijó un plazo de 45 días hábiles,
bajo la supervisión de la Fiscalía del Ministerio Público (MP) de la Tinta,
Alta Verapaz, con conocimiento y observación de la Procuraduría de Derechos
Humanos (PDH), la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Comisión
Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Secretaría de Asuntos Agrarios
(SAA), para que la diligencia se realizara de conformidad con la
Constitución de la República, quedando bajo la responsabilidad del MP.
El
ministro mostró fotografías en las que se ven que la Policía Nacional
Civil (PNC) y elementos del Ejército Nacional, cumplían con una orden judicial
de desalojo respetando en todo momento los derechos humanos de los campesinos.
En las
imágenes también se observa que los desalojos se hicieron bajo la observación
de la PDH, de la COPREDEH, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para Derechos Humanos, las Brigadas de Paz, y el abogado Sergio Beltetón representante
de los campesinos, quien también asistió a la cita.
Menocal reiteró,
amparado en informes policiales, que se contó con el apoyo de agentes que
hablan el idioma Q'eqchi' para comunicar a los campesinos, en su idioma, lo que
se realizaría. “No quemamos casas, ni cosechas como se ha dicho, en las
imágenes se puede ver un picop cargado con la cosecha que se les permitió sacar
a los campesinos”, enfatizó.
El
funcionario dijo que se cumplieron con las órdenes de desalojo por parte de las
fuerzas policiales, que de no hacerlo caerían en el delito de desacato. Se
mostraron fotografías en donde se contó con ambulancias de La Tinta, de Panzós
y de la PNC.
A la cita
también asistieron el Ministro de la Defensa, Abraham Valenzuela,
representantes del Ministerio Público, de la Procuraduría de los Derechos
Humanos, de la Secretaría de Asuntos Agrarios, de la Comisión Presidencial de
Derechos Humanos (COPREDEH) y miembros de las organizaciones indígenas y
campesinas.
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